El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha aceptado a trámite la querella presentada por Meliá, AC Hoteles, Orizonia y Pullmantur contra los antiguos propietarios de Viajes Marsans, Gerardo DÃaz Ferrán y Gonzalo Pascual, asà contra la sociedad que lo compró, Posibilitum Business, y su responsable Ãngel de Cabo. El ex presidente de la patronal CEOE y su socio tienen una deuda pendiente de 40 millones de euros con las cuatro empresas turÃsticas.
Según publica El Economista, el magistrado ha observado âla posible existencia de una infracción penalâ en la querella, en la que se pone en conocimiento del tribunal un posible delito de alzamiento de bienes y falsedad procesal. De los 40 millones de euros, la mayor parte se adeudan al grupo Orizonia y a Pullmantur. Por su parte, Meliá ha apuntado que su débito asciende a 2â4 millones de euros, aunque lo provisionó en el ejercicio de 2010.
Las empresas querellantes consideran que DÃaz Ferrán, Pascual y De Cabo han ocultado expresamente los bienes de los dos ex dueños de Marsans, traspasando los activos de la compañÃa a Posibilitum. El pasivo de 600 millones del grupo no está incluido en el acuerdo de venta, según el diario económico, de modo que los acreedores no pueden reclamar al nuevo propietario los 400 millones de euros que se les deben.
De nuevo se ha puesto sobre la mesa la tesis que apunta a que Ãngel de Cabo gestiona los activos de las compañÃas que compra en beneficio propio. En el caso de Viajes Marsans, el empresario valenciano habrÃa acordado, supuestamente, vender el patrimonio, entregar un 80% del dinero a Gerardo DÃaz Ferrán y a Gonzalo Pascual, y quedarse con el 20% restante.
Los Geos âno tienen nada a su nombre y no lo van a tener, por eso cobran a través de Posibilitumâ, han declarado al citado diario fuentes conocedoras del proceso. AC, Meliá, Orizonia y Pullmantur han pedido al juez Velasco que investigue los bienes personales y empresariales de los ex propietarios de Viajes Marsans. Todo el patrimonio de ambos ha sido traspasado y figura a nombre de otros, según se pudo comprobar cuando se intentó ejecutar el embargo contra los activos personales de los denunciados en la causa.
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