El Cervantes de Torremolinos busca comprador para salir de Rumasa

El Gran Hotel Cervantes de Torremolinos, propiedad de la compañía láctea Clesa y explotado por Europa Center –ambas empresas pertenecientes al entramado societario de Nueva Rumasa - se encuentra en situación de ime tras declararse esta última en concurso de acreedores el pasado mes de febrero.

No obstante, la plantilla del establecimiento, de cuatro estrellas y alrededor de 400 habitaciones, se muestra esperanzada en la viabilidad futura del hotel, según ha declarado a preferente.com la secretaria general de Hostelería, Comercio y Turismo de CCOO en Málaga, Lola Villalba, quien además ha mostrado su satisfacción con la actual istración concursal, “que va a hacer todo lo posible por mantener la actividad a pesar de que los números no son factibles”.

En este sentido, Villalba ha destacado lo paradójico de la situación, ya que el Gran Hotel Cervantes -que emplea actualmente a 150 trabajadores- cuenta con una ocupación del 90 por ciento y “funciona muy bien”. Sin embargo, la empresa explotadora ha tenido que hacer frente hasta la resolución del contrato con Clesa al pago anual de cuatro millones de euros en concepto de alquiler, pese a que ambas pertenecían a la misma compañía matriz.

De esta forma, y una vez superado este escollo, el comité de empresa confía en la viabilidad del mismo, por lo que quedan a la espera de que se resuelva la liquidación de activos de Clesa –propietaria del inmueble y también en concurso de acreedores- y “de que llegue una empresa que conozca el sector y el mercado porque el hotel es rentable es y está lleno”, ha manifestado la representante sindical.

Cabe destacar que Nueva Rumasa fue adquirida en septiembre de 2011 por el empresario Ángel de Cabo a través de la sociedad Posibilitum Business. De Cabo ha amenazado recientemente con demandar a los antiguos propietarios, la familia Ruiz-Mateos, tras argumentar que las personas que figuraban como titulares de algunas empresas del grupo Rumasa no eran los dueños reales.

Asimismo, y tal y como publicó preferente.com, Ángel de Cabo declaró el pasado 28 de febrero ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacionalpor el caso de presunta estafa en la venta de pagarés, causa en la que está imputado por los delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible. El empresario valenciano negó la existencia de un acuerdo para repartirse la liquidez que pueda restar tras el concurso de acreedores de las empresas de Nueva Rumasa, con un 20% para él y un 80% para los Ruiz-Mateos.