España rechazará las reclamaciones de EE UU contra hoteles con intereses en Cuba

El Gobierno de España ha comunicado a Iberostar, Meliá y otras 14 empresas españolas con intereses en Cuba que rechazará  las reclamaciones judiciales que lleguen de Estados Unidos por la ley Helms-Burton. Los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Industria convocaron este miércoles a las compañías afectadas por el conflicto entre las que también se encontraba BBVA, el despacho de Garrigues y la CEOE, según publica El País (Meliá Hotels no cambiará sus planes en Cuba a pesar de las amenazas de Trump) (Meliá sigue apostando por Cuba y abrirá 4 hoteles más antes de fin de año).

En virtud de un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que hagan efectiva esa ley, el Gobierno dará por no recibidas las notificaciones de demandas o citaciones contra compañías españolas, tanto si estas se dirigen directamente a las afectadas o si van a los juzgados españoles o al Ministerio de Justicia. Hace tiempo que la patronal había pedido al Gobierno ayuda en un conflicto que puede tener un coste millonario para hoteleras, bancos, empresas de viajes y otras compañías asentadas en Cuba (Cumbre en La Habana: Maroto se reúne con los hoteleros mallorquines por la Ley Helms-Burton).

La istración de Donald Trump desató el conflicto el pasado mayo, cuando decidió que entrara en vigor la ley Helms-Burton que llevaba en suspenso desde su aprobación en 1996. Según esta, cualquier ciudadano de origen cubano puede reclamar ante la justicia de Estados Unidos propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución castrista de 1959 (Demandarán a Iberia y Air Europa por explotar el aeropuerto de La Habana).

Ahora, el Gobierno español ofrece a las empresas una vía que permite la legislación europea en decisiones que se consideren que supongan un menoscabo para su soberanía. La norma permite anular el efecto de cualquier resolución judicial extranjera basada en la ley Helms-Burton y abre la vía a que las empresas afectadas obtengan reparación judicial por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de esta legislación.

El gran riesgo que implica el paso dado por el Gobierno de Trump es que desencadene un alud de reclamaciones judiciales a ambos lados del Atlántico. En su momento, el Gobierno estadounidense estimó que reactivar el título 3 de la ley Helms-Burton abriría la puerta a unos 200.000 casos, según informaba Reuters el pasado mes de abril. Las demandas presentadas, hasta mayo inactivas porque la norma no estaba en vigor, rondaban entonces las 6.000.