La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los dÃas contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una "reforma muy profunda" para "poner en valor" el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente.
Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa lÃnea ha anunciado que "simplificará trámites ambientales" y potenciará el turismo en parques nacionales, según publica El PaÃs.
En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: "Nos gustan los chiringuitos", que se habÃan convertido en un sÃmbolo de la utilización polÃtica de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.
Personalidades relevantes del PP como PÃo GarcÃa Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel GarcÃa-Margallo habÃan mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se deberÃa reformar.
Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para "poner en valor el litoral" para "armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales".
Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurÃdica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de paÃses como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.
La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. AsÃ, son de dominio público "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación" y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.
Sin embargo, el trámite para trazar la lÃnea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podÃan tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabÃa que habÃa una Ley de Costas y con preguntar se habrÃa evitado problemas.
En lugar de reformar la ley, el PP podÃa haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrÃan pedir compensaciones al Estado.
El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación MarÃtima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que serÃa "dramático", según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.
Además, Arias Cañete ha anunciado una "simplificación de la normativa ambiental" para "agilizar trámites" y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años. En la lÃnea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar "las actividades turÃsticas en los parques nacionales".
Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un "pacto nacional" del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hÃdrico del Levante.
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