Barcelona acelera en su golpe a los pisos turísticos ilegales

Barcelona ha intensificado su lucha contra las mafias que operan en el sector del alquiler turístico ilegal para avanzar en su objetivo de acabar con la totalidad de ellas en noviembre del año 2028. Bajo el paraguas de Jaume Collboni, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña durante la primera quincena de julio, en la que inspeccionó 134 viviendas sospechosas de ser arrendadas de forma irregular, especialmente en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample (Mazazo a la mayor trama ilegal de pisos turísticos de Barcelona).

Según informa La Vanguardia, esta iniciativa forma parte de una nueva estrategia municipal que busca combatir de manera más eficaz a estos grupos organizados, los cuales suelen evadir las multas y procesos legales mediante tácticas dilatorias. Así, se detectaron irregularidades en hasta 75 viviendas, con ocho de ellas que resultaron precintadas.

Se está colaborando con Mossos d'Esquadra, el Instituto Catalán del Sól, Inspección de Trabajo y las agencias tributarias tanto española como catalana para, no solo penalizar a estos alojamientos, sino también perseguir otras actividades ilícitas como la evasión fiscal, la precariedad laboral y el fraude documental (Barcelona, en pie de guerra contra los pisos turísticos).

“Esta es la línea de trabajo que mantendremos durante los próximos años para evitar que haya un incremento de la actividad ilegal a partir de noviembre del 2028, cuando se extingan las 10.101 licencias de pisos turísticos legales de la ciudad”, ha apuntado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet.

En este sentido, añade que “estas estructuras no infringen únicamente la normativa istrativa y turística”. Asegura que “también falsifican documentos para engañar a los propietarios de los pisos, cometen fraudes fiscales, realizan obras sin permiso, incumplen la normativa laboral, y hasta cobran la tasa turística para quedársela”.

Cabe destacar que, en lo que va de año, el Ayuntamiento ha llevado a cabo más de 1.200 inspecciones, emitiendo 944 órdenes de cese de actividad y abriendo 491 expedientes sancionadores.